La alerta de la Fiscalía por las condiciones de los tubulares abre un nuevo capítulo para el turismo de aventura en Ica, mientras APETUR plantea una ruta de formalización basada en certificación, control técnico y reglas claras.
Ica, Perú
La operación de los vehículos tubulares en las dunas de Huacachina vuelve a estar en el centro del debate turístico nacional. La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica advirtió sobre un “peligro inminente” debido a presuntas deficiencias técnicas y problemas de legalidad en algunas unidades, señalando la ausencia de certificaciones, pruebas de estabilidad y resistencia, además de riesgos asociados al almacenamiento de combustible y al uso de componentes desgastados. El Ministerio Público solicitó la intervención de distintas autoridades para reforzar la fiscalización.
Frente a esta situación, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR) sostiene que el problema debe abordarse como una política pública vinculada al turismo de aventura y no únicamente como un asunto específico de Huacachina. En su comunicado del 23 de septiembre, el gremio recordó accidentes registrados en Huacachina y Nasca y planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los visitantes sin eliminar una actividad que forma parte de la oferta turística de Ica. APETUR también informó que el paro iniciado el 15 de septiembre fue levantado después de reuniones con el MTC y MINCETUR.
Uno de los puntos centrales planteados por APETUR es la formalización mediante un proceso de adecuación y certificación. El gremio propone que cada unidad sea sometida a una evaluación técnica independiente que determine si puede operar, si requiere adecuaciones o si debe quedar fuera de servicio. También plantea estándares específicos para los vehículos de dunas, inspecciones técnicas, seguros adecuados, conductores acreditados, identificación de cada unidad y un registro público de operadores habilitados. La propuesta busca diferenciar entre una unidad formal y certificada y aquellas que operen sin cumplir las exigencias correspondientes.
APETUR también cuestiona que los vehículos tubulares sean evaluados exclusivamente bajo parámetros concebidos para otros tipos de transporte. En su comunicado, sostiene que el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT) requiere una adecuación a las características del turismo de aventura y recuerda que, mediante una disposición de 2019, el MTC debía establecer un plazo de adecuación para determinados requisitos, algo que —según el gremio— todavía no se habría concretado. APETUR propone recuperar un esquema de competencias compartidas entre Turismo y Transportes y crear una modalidad específica para el transporte turístico terrestre de aventura.
El debate también incorpora la dimensión económica de Huacachina. APETUR señala que el paro paralizó más de 400 unidades y afectó directa o indirectamente a más de 10.000 familias, además de estimar un impacto de entre S/50.000 y S/70.000 diarios en la economía local; estas cifras corresponden a estimaciones del propio gremio. La discusión, por tanto, queda planteada entre dos necesidades que deberán ser atendidas simultáneamente: proteger al turista y ordenar la actividad. Mientras la Fiscalía exige acciones frente a las unidades que incumplan las normas, APETUR plantea que la salida sea una transición hacia vehículos certificados, operadores formales y una actividad supervisada.
Huacachina enfrenta así una oportunidad para redefinir su turismo de aventura: pasar de una discusión centrada en la continuidad o suspensión de los tubulares a un modelo con estándares técnicos, fiscalización efectiva, protección ambiental y garantías para el visitante. La solución definitiva dependerá de las decisiones que adopten las autoridades y de la capacidad de convertir el actual conflicto en reglas claras y verificables para todos los actores.
