RÍO DE JANEIRO. El CEO de la aerolínea advirtió que el despliegue de US$ 1.500 millones dependerá de la eliminación de cobros que restan competitividad frente a otros mercados de la región.
Durante la 82ª Asamblea Anual de la IATA celebrada en Río de Janeiro, Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, anunció que el plan de inversión de US$ 1.500 millones para sus operaciones en el Perú se encuentra actualmente en revisión. La decisión responde a las políticas aeroportuarias y tributarias vigentes en el país, apuntando directamente al cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en las conexiones internacionales. Según el directivo, este cargo genera un desincentivo que empuja el tráfico aéreo hacia destinos vecinos con mejores condiciones.
El ejecutivo cuestionó la falta de coherencia en las medidas recientes del gobierno peruano, el cual acordó junto al concesionario del aeropuerto eliminar la tasa de conexión doméstica, pero mantuvo la internacional. Alvo remarcó que si el cobro nacional era considerado una mala idea, el internacional también debería suprimirse de inmediato. Ante este panorama de incertidumbre, sinceró que las probabilidades de ejecutar la totalidad de la millonaria inversión han disminuido considerablemente en la actualidad.
Las consecuencias de estas políticas impositivas ya son visibles en el flujo comercial. El CEO precisó que el tráfico de pasajeros entre Santiago y Lima ha experimentado una caída cercana al 10% en lo que va del año. Además, subrayó con preocupación que el Perú sigue siendo el único país de Sudamérica que aún no logra recuperar el volumen de turistas previo al 2020, situación que se agrava por cobros que, desde la visión corporativa, solo frenan el desarrollo de la industria sin aportar mejoras al servicio.
Por otro lado, Alvo aprovechó la cita internacional para alertar sobre el incremento de pasajeros conflictivos en Sudamérica, una preocupante tendencia que va a contramano de la reducción registrada a nivel global. El directivo atribuyó este aumento a la falta de regulaciones adecuadas en los países de la región, un vacío legal que deja sin consecuencias a quienes alteran los vuelos, e instó a toda la industria a trabajar de manera conjunta para establecer sanciones enérgicas y garantizar la seguridad operativa.
