Alcalde de Urubamba está cerca de generar una nueva convulsión social en Machupicchu

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Graves deficiencias legales en la licitación de buses, informalidad y presiones edilicias amenazan con paralizar el acceso a la maravilla mundial en plena temporada alta.

Urubamba, 18 de mayo de 2026. El futuro del turismo en el Cusco se encuentra bajo una sombra de incertidumbre jurídica y latente conflicto social. La gestión del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, viene siendo duramente cuestionada debido a una conducta errática en la administración de la ruta Hiram Bingham, el tramo vial vital que conecta el pueblo de Machupicchu con la ciudadela inca.

Especialistas y documentos advierten que el actual proceso de licitación de la ruta arrastra deficiencias legales insubsanables que no solo amenazan con tumbarse el concurso, sino que están pavimentando el camino hacia un desorden operativo sin precedentes y una inminente convulsión social en el distrito justo al inicio de la temporada alta de visitantes.

Un historial de improvisación e informalidad

La crisis en el transporte hacia Machupicchu arrastra antecedentes complejos. En septiembre de 2025, el alcalde Ronald Vera otorgó de forma temporal y mediante un proceso no competitivo la concesión de la ruta a la empresa comunal San Antonio de Torontoy. Sin embargo, la firma no demostró capacidad técnica para operar el servicio, forzando la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para convocar al operador saliente, CONSETTUR, y establecer una prestación conjunta.

Para diciembre de 2025, el municipio de Urubamba anuló unilateralmente el contrato con Torontoy tras detectar datos falsos en su propuesta. Pese a la nulidad, dicha empresa comunal continúa operando de forma precaria e informal con ocho unidades (cinco de ellas con revisiones técnicas vencidas), sin que organismos reguladores como OSINERGMIN, SERNANP, la Policía o el Ministerio Público ejecuten acciones de control eficaces. En redes sociales, incluso, se viralizaron videos de allegados a la empresa cargando combustible a los hombros ante la falta de infraestructura formal.

Licitación inviable: ¿Seis maestranzas en Machupicchu?

Pese al caótico escenario, la comuna provincial insiste en un proceso de licitación cuyo diseño plantea incluir a seis empresas distintas, cada una con un lote de cuatro buses. El pliego exige que cada competidor demuestre infraestructura complementaria independiente.

  • La inviabilidad geográfica: Cumplir esta regla implicaría edificar seis estaciones de reabastecimiento de combustible y seis talleres mecánicos (maestranzas) en el interior del pequeño y restringido distrito de Machupicchu, algo materialmente imposible debido a las regulaciones de espacio.

  • Freno ambiental: Ante esto, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) exigió explicaciones técnicas a la municipalidad, provocando la suspensión temporal de la licitación. Paralelamente, miembros del comité de licitación sufren la presión de la alcaldía para continuar el proceso a pesar de los insubsanables pedidos de nulidad presentados por los postores.

El laberinto del Decreto Supremo 010-2026

Para mitigar el problema de las autorizaciones, la gestión edil pretende ampararse en el reciente Decreto Supremo 010-2026-MTC emitido en marzo por el Gobierno Central. Esta norma faculta a los municipios provinciales a otorgar autorizaciones de carácter temporal mientras concluyen sus concursos públicos.

No obstante, el decreto impone una condición rigurosa: la empresa autorizada debe cumplir exactamente con las mismas condiciones logísticas y operativas en las que operaba el último concesionario de la ruta (CONSETTUR).

Requisitos Obligatorios según el D.S. 010-2026-MTC Realidad en el Distrito de Machupicchu
Permisos de OSINERGMIN Exigen un espacio físico autorizado para el traslado y consumo interno de carburantes.
Taller de Maestranza propio Destinado exclusivamente al mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de la flota.
Instrumento de Gestión Ambiental Documento obligatorio por ley para operar en áreas protegidas. Su trámite administrativo toma cerca de tres años.

Fuentes internas señalan que, debido a que estas severas condiciones técnico-ambientales en la zona solo son cumplidas actualmente por el operador histórico, el alcalde busca evadir la norma mediante reuniones informales con asesores vinculados a gestiones anteriores y candidatos locales. El plan sería otorgar accesos directos a otras empresas comunales prometiendo autorizaciones sin sustento legal que SERNANP terminará rebotando, engañando a las comunidades y azuzando un escenario de protestas y bloqueos de vías.

Cabos sueltos y el fantasma de las nulidades de oficio

El panorama legal se complica aún más en el ámbito judicial. Al iniciar su gestión, la administración de Vera Gallegos anuló masivamente las autorizaciones otorgadas por su antecesor, Luis Valcárcel, argumentando discrecionalidad y falta de registro en el TUPA municipal.

Sin embargo, omitieron anular una de ellas, lo que genera una colisión directa con las bases de la actual licitación. Además, la Sala Superior Civil del Cusco tiene pendiente resolver la apelación de la empresa INCAWAY E.I.R.L. (expediente 00016-2024-0-1015-JR-CI-01), firma constituida en Lima sin experiencia previa en transporte a la que se le dio permiso para operar 10 buses. Si la Sala revoca la nulidad municipal dada en primera instancia, el concurso público colapsaría de inmediato.

Ante la gravedad de los hechos, las presiones al comité y el inminente riesgo sobre el motor económico de la región, gremios turísticos consideran urgente la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía de la Nación para frenar un desastre reputacional y comercial en la joya turística del Perú.

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