El despacho CCS Abogados lidera la acción en España, estimando que los alojamientos podrían recuperar un porcentaje de las comisiones abonadas debido a las políticas de paridad de precios.
MADRID. La demanda colectiva que preparan los hoteles españoles contra Booking por la imposición de condiciones presuntamente abusivas sigue ganando dimensiones. El despacho CCS Abogados, seleccionado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), coordina un proceso que ya reúne a cerca de 1,400 empresas, incluyendo hoteles, grandes cadenas del país y alojamientos alternativos como apartamentos turísticos y balnearios. A esta iniciativa se sumará a lo largo del año otro grupo con más de 700 representados.
La base legal de la reclamación surge tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de septiembre de 2024, que cuestionó las denominadas cláusulas de paridad. Estas reglas impedían a los establecimientos ofrecer tarifas más bajas en sus propios canales web o en plataformas competidoras, obligándolos a aceptar comisiones cercanas al 20%. La plataforma, con sede en Países Bajos, retiró estas cláusulas el 30 de junio de 2024, cumpliendo con los plazos de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea tras recibir el estatus de “guardián de acceso” (gatekeeper).
A partir de un litigio similar en el Reino Unido, CCS Abogados estima que los afectados españoles podrían recuperar hasta el 7.3% de los ingresos pagados a la plataforma, calculando los daños según la facturación, las comisiones y el tiempo de relación comercial. Para facilitar el cálculo, el despacho ha habilitado un simulador virtual en su sitio web.
Coordinación internacional y acciones paralelas
El avance definitivo de la demanda está vinculado a los tribunales de Ámsterdam, donde se procesa una macrodemanda de más de 15,000 hoteles europeos y donde se espera una resolución clave sobre presunto abuso de posición de dominio después del verano. Debido a esto y al requerimiento legal de intentar una mediación extrajudicial previa, la interposición formal de la demanda colectiva de CCS no se realizaría antes de 2027. Los letrados destacan que no hay riesgo de prescripción inmediata, pues el plazo de caducidad es de cinco años desde el cese de las prácticas en junio de 2024.
Por su parte, Booking manifestó su total disconformidad con estas iniciativas colectivas de daños. La multinacional asegura que las demandas carecen de fundamento y argumenta que las reclamaciones realizan una interpretación errónea de la postura del TJUE, afirmando que el tribunal europeo no declaró ilegales las cláusulas de paridad, sino que determinó que sus efectos competitivos deben evaluarse de forma individualizada, caso por caso.
Cabe destacar que la acción de CCS no es la única en el mercado español; en paralelo, el bufete Eskariam, en alianza con la firma Regula y respaldado por una línea de financiación de 50 millones de euros de la estadounidense Victory Park Capital, última otra reclamación colectiva para el tercer trimestre de este año, representando a más de 750 establecimientos.
