La disputa entre comerciantes y autoridades por el nuevo acceso al sitio arqueológico provoca pérdidas millonarias y cancelaciones masivas de tours en el sureste mexicano.
YUCATÁN, MÉXICO. — El cierre del antiguo acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá ha desencadenado una severa crisis en la cadena turística que conecta Mérida, Valladolid, Cancún y la Riviera Maya. El conflicto se centra en la negativa de un grupo de comerciantes ambulantes a trasladarse al nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI), medida que las autoridades estatales y federales han confirmado como irreversible.
Impacto económico y operativo
Las repercusiones del conflicto son alarmantes para la economía del sureste mexicano:
-
Pérdidas financieras: Se estiman pérdidas de aproximadamente 4 millones de pesos diarios (unos 235 mil dólares), afectando al INAH y al Patronato Cultur.
-
Afluencia afectada: Cerca de 9,000 visitantes diarios están imposibilitados de acceder al sitio, lo que ha derivado en cancelaciones masivas de excursiones vendidas tanto a turistas nacionales como extranjeros.
-
Alcance regional: La paralización golpea a toda la cadena de valor: hoteles, restaurantes, transportistas y servicios turísticos en la región.
Situación de los comerciantes
De acuerdo con el censo de 2025, el universo de vendedores ambulantes en la zona es de 662 personas:
-
En transición: 262 artesanos (39%) ya han aceptado el traslado y firmado su incorporación al CATVI.
-
En resistencia: 400 artesanos (61%) continúan las protestas exigiendo la reapertura del acceso antiguo, alegando afectaciones en sus ventas.
Las autoridades gubernamentales, representadas por el director del INAH en Yucatán, Joel Vázquez, y el secretario general de gobierno, Omar Pérez, sostienen que el conflicto es alentado por líderes que históricamente se beneficiaron del cobro de cuotas ilegales y la comercialización arbitraria de espacios dentro de la zona arqueológica.
La Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (AMATUR) ha expresado su profunda preocupación, advirtiendo que, además de impedir el acceso a una de las maravillas del mundo, esta situación proyecta una “pésima imagen de México” a nivel internacional. Mientras las partes no alcancen un acuerdo, la crisis amenaza con prolongarse durante una temporada de alta afluencia, convirtiéndose en uno de los retos sociales más complejos del año para Yucatán.
