El anuncio del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, sobre un eventual cierre de Machu Picchu durante uno o dos meses desde enero de 2026 generó preocupación inmediata entre autoridades, especialistas y gremios del turismo. La propuesta, lanzada en un contexto de tensiones por la gestión del acceso al santuario, reavivó el debate sobre la legalidad de una medida que podría afectar gravemente al Cusco y a la economía nacional.
Especialistas en derecho recuerdan que Machu Picchu es Patrimonio Cultural de la Humanidad y su administración depende exclusivamente del Gobierno central, a través del Ministerio de Cultura. El profesor André Sota, de la UPC, precisó que un alcalde distrital no tiene competencia para ordenar su cierre, advirtiendo incluso riesgos penales por usurpación de funciones si se tomara una decisión unilateral. La normativa vigente, señaló, exige coordinación interinstitucional y descarta cualquier intento de control municipal independiente.
En el plano económico, el impacto sería devastador. Solo entre enero y septiembre de 2025, Machu Picchu recibió más de 1,17 millones de visitantes, de los cuales el 78% fueron extranjeros con un gasto promedio superior a los USD 1.000. Según la economista Claudia Sícoli, cerrar el santuario implicaría perder más de USD 150 millones al mes, afectando directamente a hoteles, restaurantes, servicios de transporte, artesanos y miles de familias cusqueñas. Además, la recuperación sería lenta, pues los viajes internacionales se planifican con varios meses de anticipación.
Gremios locales también criticaron la propuesta. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, sostuvo que el planteamiento evidencia fallas en la gestión municipal y recordó que la autoridad local no ha logrado avances significativos en procesos clave como la licitación de la carretera Hiram Bingham. Para Santoyo, antes que hablar de cierres, se requiere planificación, eficiencia y coordinación con el sector privado.
La controversia dejó en claro que el verdadero reto es estructural. Expertos insisten en implementar un sistema único de gestión de tickets, transporte y aforos, así como retomar lineamientos del PERTUR Cusco para diversificar la oferta turística y mejorar la operación de los servicios. “Ordenar el turismo no implica cerrar Machu Picchu”, afirmó Sícoli, al subrayar que la solución pasa por una gestión moderna, articulada y sostenible, y no por medidas drásticas que comprometan el futuro del principal destino turístico del Perú.
