La controversia por la operación del transporte turístico hacia Machu Picchu volvió a agitar al distrito de Urubamba, tras la publicación del dictamen del Organismo Especializado en Contrataciones del Estado (OECE) —que reemplaza al OSCE—, el cual detectó irregularidades en el proceso mediante el cual la Municipalidad de Urubamba evitó una licitación formal y adjudicó de manera directa la ruta Hiram Bingham a la empresa San Antonio de Torontoy. El informe advierte que esta decisión contradice las disposiciones del Tribunal Constitucional y podría acarrear consecuencias legales.
En medio de las observaciones, la empresa adjudicataria solicitó reemplazar doce de los dieciocho buses comprometidos originalmente, argumentando “circunstancias excepcionales y ajenas a su voluntad”. Sin embargo, el pedido reavivó críticas, pues semanas antes se habían denunciado deficiencias técnicas en las unidades utilizadas, las cuales podrían afectar la protección ambiental del Santuario Histórico y Natural de Machu Picchu. El documento enviado al alcalde Ronald Vera también expone vacíos y contradicciones en las bases del proceso de adjudicación, confirmando la falta de parámetros claros en la evaluación y calificación de las propuestas.
A estas dudas se sumó un nuevo cuestionamiento: la verdadera propiedad de los vehículos. Inicialmente se aseguró que los buses pertenecían al pueblo de Machu Picchu, pero el pedido de reemplazo abrió interrogantes sobre quién controla las unidades actuales y las que se incorporarían. Además, la revelación de un acuerdo operativo entre Consettur y San Antonio de Torontoy generó más controversia, ya que la capacidad mínima para operar la ruta es de 24 buses, y la diferencia sería cubierta por Tramusa, empresa municipal cuya gestión y sostenibilidad financiera han sido previamente observadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La situación mantiene en tensión el servicio de transporte hacia Machu Picchu. Mientras el OECE continúa revisando la legalidad del proceso y los actores locales piden transparencia, la ruta Hiram Bingham sigue sin una solución definitiva, en un contexto donde las decisiones municipales, la supervisión ambiental y la estabilidad del turismo en la zona permanecen bajo escrutinio público.
