Aeropuerto de Lima espera subsidio de S/178,5 millones para evitar cobro por escalas nacionales

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encuentra en el centro de la polémica por la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que entrará en vigencia este 27 de octubre para pasajeros internacionales. Sin embargo, su aplicación en vuelos nacionales ha sido suspendida temporalmente hasta que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) defina si el Estado asumirá un subsidio estimado en S/178,5 millones durante los próximos 15 años.

El concesionario Lima Airport Partners (LAP) sostiene que la TUUA de transferencia es legítima y responde a los costos operativos que genera el tránsito de pasajeros en conexión. Actualmente, la tarifa internacional será de US$ 12,67, mientras que la nacional —de US$ 8,01— permanece en debate. LAP asegura que de ese monto solo recibirá US$ 3,63, lo que representaría el monto a ser subsidiado si el Gobierno decide evitar su cobro directo a los pasajeros que hacen escala doméstica.

El gerente de Planeamiento Financiero de LAP, Juan Marcos Venegas, indicó que la postergación de la TUUA doméstica podría significar para el Estado un impacto anual de hasta US$ 3,4 millones, dependiendo del flujo de pasajeros. “Si el dólar sube y el tráfico crece, el monto podría superar los S/200 millones al final de la concesión”, explicó.

Mientras tanto, las aerolíneas agrupadas en la IATA, lideradas por LATAM Airlines Perú, han solicitado al MTC que tanto la TUUA nacional como la internacional sean tarifa cero, argumentando que el cobro afectará la competitividad del aeropuerto limeño frente a otros hubs regionales. LAP, por su parte, acusa a las aerolíneas de buscar mantener sus márgenes de ganancia y trasladar los costos al Estado.

El MTC y Ositrán mantienen una mesa de trabajo para definir el esquema final antes del cierre del año. Si no se llega a un acuerdo, LAP podría aplicar el cobro directamente a los pasajeros a partir de 2026. En ese escenario, la controversia entre el concesionario, las aerolíneas y el Gobierno marcaría un nuevo capítulo en la relación público-privada del principal aeropuerto del país.