El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, José Santoyo, advirtió que la región atraviesa una contracción del 4,9 % en su PBI, golpeada por los constantes bloqueos en el corredor minero, la baja inversión turística y decisiones estatales que han frenado el desarrollo económico de la zona. En ese contexto, la gestión del patrimonio cultural y, en particular, de Machu Picchu, se ha convertido en un punto neurálgico de la discusión.
El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, anunció que su administración ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de que el Gobierno Regional asuma de manera integral la gestión de Machu Picchu y de todo el patrimonio cultural de la región. Según indicó, esta medida busca corregir lo que considera una exclusión histórica de Cusco en las decisiones sobre su principal atractivo turístico y motor económico.
Salcedo argumentó que la administración de Machu Picchu por parte del Ministerio de Cultura ha generado una gestión centralizada, con recursos que no se traducen en beneficios suficientes para la población local ni en inversiones sostenibles en turismo. En su opinión, otorgar la competencia al gobierno regional permitiría dinamizar la economía cusqueña y fortalecer la protección del legado cultural desde una mirada territorial.
La iniciativa ha abierto un intenso debate político y técnico sobre la viabilidad de descentralizar la gestión de un patrimonio que, además de ser emblema nacional, es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras tanto, sectores empresariales y turísticos de Cusco respaldan el pedido del gobernador, señalando que un mayor control regional podría convertirse en una estrategia clave para superar la crisis económica que atraviesa la región.
