Los principales gremios profesionales y empresariales del sector turismo del Perú expresaron su profunda preocupación frente a la culminación del contrato de concesión de la empresa Consettur, encargada del servicio de transporte en la ruta Hiram Bingham hacia la ciudadela inca de Machu Picchu. El vencimiento del acuerdo, ocurrido el 5 de septiembre, ha generado un escenario de incertidumbre y posibles conflictos en la gestión del principal atractivo turístico del país.
En un pronunciamiento difundido el 3 de septiembre, las organizaciones recordaron que desde marzo advirtieron sobre esta situación y solicitaron a la Municipalidad Provincial de Urubamba adoptar medidas preventivas. Sin embargo, cuestionaron que no se definieran mecanismos claros de continuidad ni un proceso transparente de licitación, lo que ha derivado en un vacío de gestión que compromete la seguridad y el orden en el acceso al santuario histórico.
“El país proyecta al mundo la imagen de una nación incapaz de gestionar su patrimonio más emblemático”, señalaron los gremios, advirtiendo que la falta de definiciones afecta tanto a los turistas que ya adquirieron boletos con Consettur como a operadores internacionales que confían en la estabilidad del destino. A su juicio, la improvisación frena la recuperación de los flujos turísticos y golpea la confianza en la oferta peruana.
Asimismo, los empresarios denunciaron la ausencia de una gobernanza estratégica en la gestión de Machu Picchu, donde persisten decisiones fragmentadas y unilaterales. Esta falta de coordinación —indicaron— genera costos económicos, sociales y reputacionales que impactan sobre todo en los pequeños prestadores de servicios que dependen directamente de los visitantes.
Como salida, los gremios exigieron implementar mecanismos alternativos de acceso contemplados en el vigente Plan Maestro de Machu Picchu, bajo criterios modernos, sostenibles y transparentes. También solicitaron al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) intervenir de manera inmediata para garantizar la validez de los boletos adquiridos, prever reprogramaciones o devoluciones, y asegurar la capacidad de transporte necesaria. “Machu Picchu no puede seguir siendo rehén de la improvisación. Gestionar con responsabilidad una maravilla del mundo no es una opción, es un deber con el Perú y con las futuras generaciones”, concluye el pronunciamiento.
