Más de dos años después del trágico accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, que dejaron tres bomberos fallecidos y más de diez heridos, la investigación fiscal llega a su fin con más interrogantes que certezas.
La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao concluyó las diligencias contra 10 imputados —entre ellos controladores aéreos y funcionarios— por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas . La responsabilidad de Lima Airport Partners (LAP) y Corpac ha sido señalada solo como la de terceros civiles responsables , lo que abre el debate sobre el verdadero alcance de las sanciones.
Ahora, el Ministerio Público tiene un plazo de 15 días para decidir si presenta acusación formal o archiva el caso. Una decisión que será observada de cerca por los familiares de las víctimas, quienes han cuestionado la falta de claridad en torno a los protocolos de seguridad y la coordinación entre las entidades a cargo de la operación aeroportuaria.
El accidente de noviembre de 2022, ocurrido durante un simulacro de emergencia en plena pista de aterrizaje, dejó en evidencia las falencias en la comunicación entre torres de control, bomberos y operadores aeroportuarios. A pesar de la magnitud de la tragedia, hasta hoy no existen cambios estructurales visibles en los protocolos ni una definición clara sobre las responsabilidades institucionales.
La expectativa ahora recae en el Ministerio Público, que deberá demostrar si está dispuesto a llevar a juicio a los responsables o si optará por archivar un caso que, para los afectados, simboliza la falta de rigor en la seguridad aérea del país.
