El Poder Judicial declaró en rebeldía al Gobierno Regional del Cusco tras su incumplimiento en respuesta dentro del plazo legal a la demanda interpuesta por los trabajadores del Hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu. Los empleados exigen continuar trabajando hasta que se defina el futuro del inmueble, actualmente concesionado a Perú Belmond Hotels SA La resolución judicial, emitida por el Juzgado correspondiente, evidencia que la Procuraduría Regional presentó su respuesta fuera del plazo establecido (13 de marzo, cuando el límite era el 12), lo que llevó a declarar improcedente su defensa y configurar su rebeldía procesal.
Fallo judicial favorece a Belmond y desata críticas a gestión regional
El juez Eliot Zamalloa Cornejo resolvió que Belmond mantenga la operación del Sanctuary Lodge mientras se resuelve el fondo del conflicto, priorizando la estabilidad laboral de más de 300 trabajadores. La decisión judicial, emitida el 27 de febrero, se basa en una demanda de los empleados que buscan evitar la interrupción de sus labores. Sin embargo, el gobernador Werner Salcedo rechazó el fallo y anunció que gestionará acciones legales para anular la medida cautelar, acusando irregularidades en el proceso. Este episodio ha intensificado las críticas hacia su administración, especialmente por la aparente desidia en la defensa de los intereses regionales.
Contrato cuestionado y lucha por la administración del hotel
El conflicto se remonta a 1995, cuando se firmó el polémico contrato de concesión del hotel en condiciones consideradas desventajosas para el Cusco. En 2013, una adenda ampliando el plazo hasta 2025, firmada por el entonces gobernador Jorge Acurio, quien posteriormente fue inhabilitado por sentencia judicial. Las actuales autoridades regionales buscan recuperar el control del establecimiento, argumentando que su gestión directa permitirá optimizar los beneficios turísticos para la región. No obstante, la falta de celeridad en el proceso judicial ha sido señalada como un obstáculo clave.
Salcedo convoca a movilizaciones sociales
Frente a la controversia, el gobernador Salcedo hizo un llamado a las organizaciones sociales cusqueñas para que se pronuncien contra la decisión judicial, calificándola como un atentado contra los recursos turísticos regionales. “No permitiremos que intereses privados prevalezcan sobre los derechos del pueblo cusqueño”, declaró. Paralelamente, Belmond mantendrá la operación del hotel bajo el amparo de la medida cautelar, mientras el caso avanza en instancias judiciales superiores.
