La administración de Donald Trump estaría ultimando un nuevo y estricto “Travel Ban” que afectaría a 43 países, con Cuba y Venezuela en la categoría de mayor restricción, según reveló The New York Times. La medida, que sigue el modelo de prohibiciones de viaje implementadas durante su primer mandato, incluiría tres niveles de restricción: lista roja (prohibición total de ingreso), naranja (permiso con revisión extremas) y amarilla (60 días para corregir deficiencias antes de posibles sanciones).
Para Cuba y Venezuela, ubicadas en la lista roja, esto significaría la prohibición absoluta de entrada a territorio estadounidense para sus ciudadanos. La medida ha generado especial preocupación entre las comunidades migrantes, pues no se ha aclarado si afectaría a quienes ya poseen visas vigentes o incluso residencia permanente (“Green Card”). “Quedan muchos interrogantes sobre cómo se aplicaría a casos existentes”, advirtió el abogado venezolano Rodolfo Ruiz, especialista en migración, a través de redes sociales.
El posible veto se enmarca en la agenda de seguridad nacional y control migratorio que Trump promueve para su eventual segundo mandato. Según analistas, la inclusión de Venezuela respondería tanto a razones políticas -por el actual estatus diplomático entre ambos países- como a la crisis migratoria regional, mientras que el caso de Cuba mantendría la histórica línea de sanciones contra el gobierno comunista.
Expertos legales anticipan desafíos judiciales si se implementa la medida, recordando que versiones anteriores del “Muslim Ban” enfrentaron múltiples demandas. Sin embargo, la Corte Suprema, con mayoría conservadora, podría validar la acción ejecutiva esta vez. Mientras tanto, las embajadas de los países afectados no han emitido comunicados oficiales, aunque se espera que el Departamento de Estado detalle los alcances en las próximas semanas.
La incertidumbre ha llevado a muchos migrantes a acelerar los trámites pendientes. “Hay pánico entre quienes tienen procesos abiertos de asilo o reunificación familiar”, comentó una trabajadora social de Miami a Prensa. Con las elecciones estadounidenses en curso, la medida podría convertirse en un tema central del debate sobre política exterior y derechos migratorios.
