La presidenta del gremio advirtió que la tarifa aeroportuaria resta competitividad frente a la región, provocando el retiro de aeronaves y millonarias pérdidas económicas al país.
LIMA. La presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), Patricia Campos Cisneros, reiteró la urgente solicitud del sector privado para establecer una mesa de diálogo formal con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Lima Airport Partners (LAP). El objetivo principal de este requerimiento gremial es abordar de manera definitiva la anulación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicada a los vuelos internacionales.
La dirigente empresarial expresó su profunda preocupación al señalar que, hasta la fecha, dicha instancia de concertación no ha sido conformada por las autoridades correspondientes. En ese sentido, Campos Cisneros advirtió que la continua aplicación de este cobro afecta severamente la competitividad del mercado aerocomercial peruano, dejándolo en una clara desventaja operativa frente a importantes centros de conexión regionales, como lo son los aeropuertos de Santiago de Chile, Bogotá y Panamá. Además, alertó que la reciente firma de la adenda N° 9, que prolongará estas condiciones hasta el año 2041, “nos traerá más problemas”.
Las consecuencias derivadas de esta política tarifaria ya son palpables y cuantificables para la industria turística. Según detalló la titular de APAVIT, desde la entrada en vigencia de la TUUA el pasado 17 de diciembre, el mercado ha sufrido la cancelación y el retiro de tres aeronaves operativas. Esta situación crítica se traduce en un impacto directo de más de 1,8 millones de asientos perdidos, abarcando tanto vuelos internacionales como domésticos. Asimismo, las proyecciones anuales estiman pérdidas que ascienden a US$ 8 millones para LAP, US$ 13,1 millones para las arcas del Estado y un fuerte impacto de US$ 85 millones menos en consumo turístico.
Frente a este complejo panorama que golpea la cadena de valor de los viajes, Patricia Campos Cisneros se mostró escéptica sobre una solución inmediata por parte de las autoridades de turno. La representante manifestó de forma tajante que será responsabilidad de la próxima gestión gubernamental resolver esta delicada problemática estructural, afirmando que la actual administración “no lo hará y el perjudicado es el Perú”.
