*El incremento en el costo de los boletos busca asegurar recursos directos para el mantenimiento y control del santuario, respondiendo a recomendaciones técnicas ante la alta demanda de visitantes.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que la reciente actualización en el precio de entrada a Machu Picchu es una medida técnicamente sustentada y vital para la supervivencia del sitio. Según la titular, los nuevos ingresos permitirán financiar de manera directa las labores de mantenimiento, conservación y preservación de la infraestructura arqueológica. Esta decisión surge como respuesta a la necesidad urgente de mitigar el impacto causado por el creciente flujo de turistas y asegurar que el patrimonio mantenga su integridad a largo plazo.
Además de las tareas de conservación, la funcionaria subrayó que el ajuste tarifario facilitará la implementación de nuevos mecanismos de control. El objetivo es garantizar una transparencia total en la ejecución de los fondos, asegurando que cada recurso recaudado se destine específicamente a las áreas críticas del santuario. Esta medida busca profesionalizar la gestión del destino más importante del país, alineándolo con los estándares de manejo de otros sitios de Patrimonio de la Humanidad.
Por su parte, los principales gremios del sector turístico han recibido la noticia con una postura vigilante. Si bien entienden la necesidad de inversión, han solicitado al Ejecutivo máxima claridad en el cronograma de ejecución de las mejoras prometidas. Las empresas del sector enfatizan que cualquier incremento debe verse reflejado no solo en la protección del muro, sino también en la experiencia del usuario y en una comunicación más fluida para evitar confusiones en la comercialización de paquetes internacionales.
Con esta actualización, el Gobierno busca equilibrar la balanza entre la explotación turística y la sostenibilidad ambiental y cultural. Se espera que, en los próximos meses, se publiquen informes detallados sobre los primeros proyectos financiados con este excedente. La medida marca un precedente en la gestión de recursos propios para el turismo, posicionando la conservación preventiva como el eje central de la estrategia estatal para el Cusco.
