El reciente acuerdo alcanzado entre Consettur Machu Picchu SAC y San Antonio de Torontoy SA, con mediación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), permitió restablecer el transporte hacia la ciudadela inca tras semanas de protestas y bloqueos que dejaron a más de 900 turistas varados y comprometieron la imagen internacional del Perú. La disputa por la concesión de la ruta Hiram Bingham llevó al límite la gobernabilidad del principal destino turístico del país.
El conflicto estalló en septiembre, cuando venció el contrato de exclusividad de 30 años con Consettur. La Municipalidad de Urubamba adjudicó la buena pro a San Antonio de Torontoy, lo que provocó enfrentamientos, denuncias por prácticas monopólicas, quejas por tarifas elevadas y reclamos de comunidades locales. La PCM informó que ambas empresas pondrán en marcha un plan de contingencia para garantizar el traslado de visitantes, mientras se define el futuro del servicio mediante un proceso que deberá ser transparente y competitivo.
Las repercusiones trascendieron fronteras. La fundación New7Wonders, que distinguió a Machu Picchu como “Nueva Maravilla del Mundo” en 2007, advirtió que la gestión deficiente, la masificación y los conflictos sociales ponen en riesgo la permanencia del santuario en la prestigiosa lista. “De todas las maravillas, es la única que ha tenido esta alerta, porque se maneja muy mal. En vez de modernizar procesos, se retrocede”, criticó Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco.
La polémica se suma a la baja ejecución de inversiones públicas. En 2025, el Gobierno destinó más de S/ 10 millones a ocho proyectos en la zona, pero solo se ejecutó el 15%. El proyecto más ambicioso, de más de S/ 5,5 millones para mejorar servicios de interpretación cultural, apenas alcanzó el 1,6% de avance. Esto ha reavivado la discusión sobre la sostenibilidad de Machu Picchu, que en 2023 recibió a 3,4 millones de visitantes.
La estabilidad del servicio de transporte y la permanencia del “efecto maravilla” —que aporta entre USD 3.000 y 4.000 millones adicionales al Perú cada año— dependerán ahora de que se cumplan los acuerdos, se proteja a las comunidades locales y se implemente una gestión moderna y sostenible. La PCM aseguró que el diálogo será permanente y que se realizarán reuniones de seguimiento en Cusco.
