A más de dos meses del accidente de un tubular en Huacachina (Ica) que cobró la vida de una turista, el caso sigue envuelto en impunidad. El chofer continúa prófugo, la empresa Lima Experience SAC —presuntamente vinculada al hecho— sigue operando, y ninguna autoridad ha asumido responsabilidades. Para el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, este es un ejemplo alarmante de la débil fiscalización en el sector y de la urgente necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y la capacitación de los operadores turísticos.
La indignación crece entre los gremios, que exigen una investigación transparente y sanciones ejemplares en caso de comprobarse negligencia. “No podemos normalizar que la vida de los turistas se ponga en riesgo sin que existan consecuencias para los responsables”, señaló Acosta, remarcando que la inacción mina la confianza en el turismo nacional y daña la imagen del Perú como destino seguro.
Mientras tanto, la amenaza persiste en las dunas de Huacachina. Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, circulan más de 400 tubulares de dudosa procedencia, muchos sin cumplir las condiciones técnicas mínimas y en manos de apenas seis empresas. El director regional Gustavo Huertas advirtió que estos vehículos ilegales son potenciales causantes de nuevos accidentes fatales, y apuntó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como el ente que debe concretar, sin más dilaciones, la reglamentación para su funcionamiento.
El silencio y la falta de medidas concretas dejan a la vista una preocupante realidad: Huacachina sigue siendo un atractivo turístico de alto riesgo, donde la falta de control y la permisividad institucional podrían derivar en otra tragedia. Cada día que pasa sin sanciones y sin regulación efectiva, el desierto no solo guarda dunas y paisajes, sino también una peligrosa cuenta regresiva hacia el próximo accidente.
