La concesión del Hotel Sanctuary Lodge, ubicado en Machu Picchu, culmina en mayo, desatando un enfrentamiento entre el Gobierno Regional del Cusco (Gore) y la empresa operadora, Perú Belmond Hotels (PBH). Mientras las autoridades regionales aseguran que recuperarán el bien para el Estado, la compañía hotelera defiende su gestión y anuncia acciones legales para mantener sus operaciones.
En un comunicado, PBH, parte del grupo internacional Belmond, destacó que desde 1995 ha cumplido con todas las obligaciones contractuales, pagando millones en rentas al Gore, incluso durante periodos de inactividad por fuerza mayor. Además, resaltó su aporte social, como la gestión gratuita de residuos sólidos en la zona, y denunció que sus solicitudes de reunión para negociar una prórroga no fueron atendidas.
El conflicto escaló a los tribunales: trabajadores del hotel, en su mayoría cusqueños, lograron una medida cautelar que obliga al Gore a garantizar la continuidad laboral. PBH asegura acatar el fallo, mientras el gobernador Werner Salcedo insiste en que el hotel pasará a administración estatal. La disputa, ahora mediática y legal, mantiene en vilo el futuro de uno de los alojamientos más emblemáticos del país.
