A pocos días de que culmine el contrato de concesión del Sanctuary Lodge, ubicado a pocos metros de la ciudadela inca de Machupicchu, el juez Eliot Zamalloa Cornejo, del Juzgado Civil Único de Vacaciones del Cusco, resolvió que Peru Belmond Hotels S.A. continúe operando el establecimiento. La decisión, emitida el 27 de febrero, también ordena al Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) abstenerse de realizar acciones que amenacen el derecho al trabajo de los más de 300 empleados del hotel.
La medida cautelar fue solicitada por los trabajadores de Belmond, quienes pidieron al Poder Judicial que la empresa siga administrando el hotel hasta que se convoque a una nueva licitación. El juez Zamalloa Cornejo fundamentó su resolución en la necesidad de proteger los derechos laborales de los empleados. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia, ya que el juez enfrenta cuestionamientos por un antecedente en el que fue quejado ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por admitir una demanda de amparo en solo tres días, lo que generó dudas sobre su imparcialidad.
El contrato de concesión del hotel, firmado en 1995 en condiciones consideradas desventajosas para el GORE Cusco, fue extendido en 2013 mediante una adenda firmada por el entonces gobernador Jorge Acurio, quien estaba inhabilitado por una sentencia condenatoria. Este acuerdo ha sido criticado por las autoridades actuales, que buscan recuperar el control del establecimiento.
El actual gobernador regional, Werner Salcedo, calificó la decisión judicial como “ilógica” y anunció que solicitará a la Procuraduría Pública Regional que interponga una acción para anular la medida cautelar. “El juzgado está diciéndonos que asumamos la responsabilidad de más de 300 trabajadores. Nosotros tenemos un solo planteamiento: recuperar el hotel”, declaró Salcedo, quien también llamó a las organizaciones sociales a responder ante la decisión del magistrado.
Mientras tanto, Belmond continuará operando el Sanctuary Lodge, uno de los hoteles más emblemáticos de la región, hasta que se defina el futuro de la concesión. Este caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en los procesos de licitación y la necesidad de priorizar los intereses de la región del Cusco en la gestión de sus recursos turísticos.
